Por: @faberriom
Julio, 27 de 2013
Publicado en los siguientes periódicos:
¿VIVIENDA RURAL SATISFECHA EN EL CATATUMBO?
Suena alentador que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinara
aproximadamente 20.000 millones de pesos para la construcción de alrededor
de 1.146 viviendas campesinas nuevas para la región del Catatumbo en el
departamento Norte de Santander.
Sin embargo, la cifra real de viviendas necesarias para la cobertura total de la
carencia habitacional está rondando las 7.566 unidades, de las cuales sólo
3.600 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) están contempladas en el
Documento CONPES (Estrategias de Desarrollo Integral de la región del
Catatumbo).
Es importante mencionar que en el sector urbano de la región del Catatumbo el
30% de sus pobladores habitan en viviendas inadecuadas, el 40% no cuenta con
servicios públicos apropiados y de calidad y, aún más grave, el 25% de los
habitantes viven en estado de hacinamiento crítico.
La situación empeora preocupantemente en el sector rural: Casi el 50% de sus
habitantes viven con servicios inadecuados, mientras que el 30% viven en
hacinamiento crítico y deplorable. Esta lastimera circunstancia es la fiel prueba
de que en la región del Catatumbo se vive en la extrema pobreza.
Ahora bien, si analizamos las cifras mencionadas por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, en la nota del 25 de julio de 2013 publicada en el periódico
La Opinión de la ciudad de Cúcuta, “Familias del Catatumbo se beneficiarán
con vivienda rural” donde se asegura que los municipios que se favorecerán
con las soluciones de vivienda campesina son: Ábrego con 148 casas,
Convención (6), Hacarí (62), La Playa (110), Ocaña (183), San Calixto (3),
Sardinata (257), Teorama (1) y Tibú (376). En esta misma nota se dice
textualmente que con estas cifras “se le da cobertura total a los municipios de la
región del Catatumbo”.
Pese a esta última aseveración, no se pude creer que tan solo con asignar una
vivienda en el municipio de Teorama, seis en Convención, tres en San Calixto,
etc., pueda quedar solucionado el déficit habitacional de los municipios del
Catatumbo -que han sido golpeados fuertemente por la violencia-. Muy
seguramente alguien dirá que la cobertura total está en proceso, toda vez que se
están haciendo inversiones –presuntamente- en estas poblaciones, lo que
tampoco es cierto. Los municipios de la región del Catatumbo son once y sin
embargo no se contempla El Carmen (segundo municipio más poblado de esta
región) y El Tarra (municipio que se ha visto afectado por elevados índices de
violencia en los últimos años).
También es importante recordar que el año 2001 fue la época en donde se
registró y se perpetró una gran ofensiva por grupos al margen de la ley
provenientes del Cesar y de Tibú, especialmente en los municipios de El Tarra,
Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí y El Carmen. Esta arremetida fue por
la disputa del control territorial y las riquezas de la región, pues el corregimiento
de La Gabarra, localizado en el municipio de Tibú, era considerado como
ubicación estratégica de las FARC y un importante centro de producción y
fabricación cocalera en esta región.
Debemos solicitar respetuosamente a los Congresistas del Departamento, en un
FRENTE COMÚN, que exijan al Gobierno Nacional recursos adicionales
diferentes a las regalías y las asignaciones del Sistema General de
Participaciones (SGP), pues estos recursos le pertenecen por ley al Norte de
Santander y no hay que hacer mucho alarde de lo que ya, por derecho propio,
nos corresponde.
Si se contara realmente con esos recursos tan anunciados para ejecutar las
soluciones de vivienda, la ciudadanía en general debe estar atenta, controlando
y exigiendo que los recursos se ejecuten en su totalidad para evitar que este
capital caiga en manos de la corrupción.
Con la probable inversión en la zona del Catatumbo, con seguridad empezarán a
surgir los ya conocidos y famosos compromisos “politiqueros”, donde se pueden
definir por anticipado los destinatarios y los ejecutores de los recursos públicos,
irrespetando los principios de las normas y anteponiendo el interés particular
sobre el general. Esta situación se hace más factible pues estamos adportas de
la iniciación de las campañas políticas.
La comunidad nortesantandereana ha esperado lo suficiente, es tiempo de
luchar contra los fantasmas que aquejan nuestro departamento saliendo
adelante y venciendo el atraso, batallando incansablemente contra el
estancamiento, los índices de pobreza, los índices de endeudamiento, la
fragmentación social, la ingobernabilidad y la desconfianza generalizada por
culpa del flagelo de la corrupción.
En otras palabras, necesitamos involucrar a la sociedad como actor
determinante del buen funcionamiento de la democracia, con el fin de lograr una
rápida construcción de equidad que garantice el desarrollo de la inversión
pública en su pugna contra la pobreza.
No se trata de cuestionar al Gobierno Nacional, ni mucho menos demeritar las
presuntas inversiones que se harán en materia de vivienda campesina. Se trata
de propugnar por fortalecer nuestras instituciones con vocación de servicio
público, en las cuales no existan funcionarios públicos sino servidores públicos;
que impere la ética pública entendida como el arte de elegir y decidir a favor de
lo que conviene al departamento. Debemos pensar, cuestionar e incluso llegar a la autocrítica, en el sentido de que es hora de dejar de lado los odios, rencores,
y el individualismo para tener una visión global del Norte de Santander. Estoy
plenamente convencido que juntos y unidos podremos enfrentar las
adversidades.
